miércoles, 10 de julio de 2019

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA (EINF) una nueva obligación sobrevenida, con responsabilidad legal y reputacional


El pasado mes de diciembre de 2018 se aprobó, con efectos retroactivos, la Ley 11/2018, la cual, entre otros aspectos, introdujo nuevas obligaciones para las sociedades individuales y los grupos consolidados de sociedades, en relación con la información de carácter no financiero a reportar.

Concretamente, a raíz de la mencionada ley, se ha establecido la obligación de elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF), para aquellas sociedades o grupos consolidados que durante 2 ejercicios consecutivos cumplan los siguientes requisitos:


Hasta 31 de diciembre de 2018
(cumplimiento 2017-2018)
A partir de 31 diciembre 2021
(cumplimiento 2020-2021)
·       Activo > 20 MM €
·      Cifra anual de negocios > 40 MM €
·      Número de empleados > 500
·      Activo > 20 MM €
·     Cifra anual de negocios > 40 MM €
·     Número de empleados > 250


Resumidamente, el EINF supone la elaboración de un estado de información que contiene información sobre los aspectos siguientes:

·   Modelo de negocio, políticas y riesgos corporativos.

·   Cuestiones medioambientales.

·   Cuestiones sociales y relativas al personal.

·   Aspectos relativos a los derechos humanos.

·   Asuntos concernientes a lucha contra la corrupción y el soborno.

·   Impactos en la sociedad:

-        Compromisos con el desarrollo sostenible.

-        Subcontratación y proveedores.

-        Consumidores.

-        Información fiscal.

Aparte del requisito legal de elaboración del EINF, implícitamente se generan las obligaciones adicionales siguientes:

·     Formular el EINF por el Órgano de Administración, con idéntica trascendencia y  responsabilidades que para el resto de documentos que conforman la Cuentas Anuales.

·     Verificar el EINF por un auditor independiente.

·     Aprobar el EINF por la Junta General Ordinaria de Accionistas/Socios.

·     Publicar el EINF en la página Web corporativa, con acceso público al informe por un periodo de 5 años.

·     Depositar el EINF en el Registro Mercantil.

Desde nuestro despacho profesional quedamos a su entera disposición para aclararles cualquier duda que se les pueda plantear al respecto, ampliarles la información sobre los requisitos y las responsabilidades derivadas y orientarles en relación a los pasos y consideraciones a tener en cuenta a efectos de la elaboración y verificación del EINF.

En nuestros próximos artículos de información y divulgación, continuaremos desarrollando los aspectos relativos al EINF; concretamente en nuestra próxima edición, nos centraremos en los efectos comerciales y reputacionales a tomar en consideración que justifican la necesidad de elaboración del EINF y la conveniencia de hacerlo con una visión más allá de la estrictamente legal.

Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados, S.L.
Departamento jurídico


jueves, 24 de enero de 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO SE REAFIRMA EN QUE SOLO HAY UNA TRANSMISION EN CASO DE FALLECIMIENTO SIN HABER ACEPTADO O REPUDIADO UNA HERENCIA


En el año 2015 ya publicamos un apunte sobre el derecho de transmisión, en el que exponíamos que la Sala primera (Civil) del Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de septiembre de 2013, había establecido que, en aquellos casos en que había fallecido una persona y el llamado a sucederla había fallecido sin haber aceptado ni repudiado la herencia, no había una doble transmisión, sino una única transmisión de los bienes de la herencia del causante inicial a favor del heredero del segundo causante.

Fiscalmente ello conllevaba que, si bien debían presentarse igualmente dos declaraciones-liquidaciones por el concepto del Impuesto sobre Sucesiones, una correspondía a la sucesión del causante inicial, pero cuyo sujeto pasivo no era ya el segundo causante, sino el heredero del segundo causante, y la otra correspondía a la sucesión del segundo causante (con integración únicamente de los bienes de éste), cuyo sujeto pasivo era también su heredero.

La Dirección General de Tributos, en sus consultas vinculantes nº V2063-16 y V0537-17, ha venido aplicando la doctrina de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, al considerar que se está ante un única transmisión, de manera que concluía que debía liquidarse el impuesto de sucesiones del primer causante de forma separada de la herencia del segundo causante, por la que también debía liquidarse el impuesto de sucesiones.

En cambio, el criterio mantenido por parte de la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya, entre otras, en su consulta núm. 204E/16, de 21 de noviembre de 2016, era que en estos casos se efectúan dos transmisiones (no una): una primera del primer causante a la masa hereditaria del primer llamado y, una segunda, de la masa hereditaria del segundo causante a sus herederos (incluyendo los bienes del primer causante). Y en base a ello concluía que había que presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones correspondiente a cada una de las herencias: una por la del primer causante y la otra por la del segundo causante.

Según el criterio mantenido por la DGT catalana los bienes de la herencia del causante inicial tributaban dos veces, por el tránsito de los bienes del primer causante al segundo y de éste al adquirente final.
  
Pues bien, el Tribunal Supremo, esta vez, su Sala de lo contencioso-administrativo, ratificando el criterio de la Sala de lo Civil de que tan solo existe una transmisión, ha establecido en su sentencia de fecha 5 de junio de 2018 que “se produce una sola adquisición hereditaria y, por ende, un solo hecho imponible, no dos hechos imponibles ni dos devengos del impuesto, corolario de lo cual es la afirmación final de la reseñada sentencia civil según la cual “los herederos transmisarios sucederán directamente del causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente. Tal afirmación es válida para la sucesiones mortis causa, regidas en el Derecho común, por el Código Civil, así como aquellas otras que menciona la sentencia, en comunidades que reconozcan en su derecho civil común o especial el ius transmissionis, de forma semejante (…)”.

A raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo, la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya ha dictado la Resolución 2/2018, sobre el tratamiento del derecho de transmisión en el ISD, en la que dice asumir la denominada doctrina moderna en la interpretación del derecho de transmisión, de manera que el tránsito de los bienes de la herencia del causante inicial a favor del heredero del segundo causante tan solo tributará una vez, pero añade, con sorpresa, que hasta que no se produzca la muerte del segundo causante, no se transmite a su heredero el derecho a aceptar o repudiar la herencia del primer causante, y, en consecuencia, la prescripción del derecho a liquidar el impuesto por la adquisición de la primera herencia no se inicia hasta que ocurre la muerte del segundo causante, y ello de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de sucesiones y donaciones.

Faltará ver si los Tribunales confirmarán este criterio de Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya o si, por el contrario, consideraran que, en el caso de que hayan transcurrido 4 años y 6 meses desde el fallecimiento del causante inicial, el derecho de la Administración a liquidar la herencia de éste ha prescrito.
  
Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados, S.L.
Departamento jurídico

jueves, 20 de septiembre de 2018

EL TRIBUNAL SUPREMO ACLARA LOS TERMINOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PLUSVALIA MUNICIPAL


Como ya recogimos anteriormente en nuestro blog, el Pleno del Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 11 de mayo de 2017, declaró que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, no se pueden gravar con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) aquellas transmisiones de inmuebles en las que se ponga de manifiesto una minusvalía de valor.

A raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional, ha habido disparidad de pronunciamientos judiciales, hay quienes han considerado que toda plusvalía municipal liquidada en base a dicha normativa declarada inconstitucional debía ser anulada, y otros, por el contrario, consideraban que tan sólo debían ser anuladas aquellas liquidaciones en que había quedado acreditado que no había habido plusvalía.

Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia 1163/2018, de fecha 9 de julio, se ha decantado por este segundo criterio, al considerar que la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional es parcial en relación a las artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL y total en relación con el artículo 110.4 del TRLHL, de manera que:

1)   Ha quedado anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico la prohibición que tenían los sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión de terrenos de naturaleza urbana ex artículo 110.4 TRLHL, pudiendo el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por tanto, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU.

2)  Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del Impuesto (o en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución). 

3)    En caso contrario, deberá girarse por la Administración municipal competente la correspondiente liquidación, cuantificándose la base imponible del Impuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107.2 a) TRLH.

En base a ello, el Alto Tribunal aclara en su sentencia que es al obligado tributario a quien corresponde probar la inexistencia de incremento de valor del terreno transmitido, lo que podrá ser acreditado con cualquier principio de prueba que al menos indiciariamente permita apreciar esta falta de plusvalía, como sería, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas. También puede optarse por una prueba pericial que confirme dichos indicios o emplear cualquier otro medio de prueba que ponga de manifiesto el decremento de valor y la consiguiente improcedencia de la liquidación.

Añade el Tribunal que, una vez aportada por el obligado tributario la prueba del decremento, deberá ser la Administración quien prueba lo contrario para poder girar la liquidación.

El Tribunal Supremo ha reiterado este criterio en sus posteriores sentencias 1248/2018, de 17 de julio, y 1300/2018, 18 de julio.

Pese a esta interpretación del Alto Tribunal, hay Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que siguen pronunciándose a favor del primer criterio, como es el caso del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid que, en su sentencia de fecha 19 de julio de 2018, ha optado por no aplicar la doctrina del Tribunal Supremo, al considerar que “este juzgador está sometido a lo acordado en la sentencia del Tribunal Constitucional, por encima de cualquier otra postura de cualquier otro órgano judicial, en cuanto que declara la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, al tratarse estas sentencias de una fuente directa (…)”.

Según el Juzgado madrileño, “la STC n. 59/2017 dice, sin que sea necesario interpretar nada, ni salirse de los términos gramaticales:

1.- Que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 son inconstitucionales, nulos radicalmente y desde su inicio.

2.- Que el art. 107 es inconstitucional y nulo pero únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (…).

3.- Que es el legislador a quien corresponde subsanar la deficiencia detectada en el art. 107 LRHL.

4.- Que la norma no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene.

5.- Al resolver el TC en relación a la plusvalía del País Vasco, no permite, para salvar la inconstitucionalidad, método alguno no previsto por el legislador: (…).”

Parece pues que aún no están cerradas del todo las puertas a solicitar la rectificación de aquellas autoliquidaciones, o a recurrir aquellas liquidaciones practicadas por la Administración, en las que no se haya podido probar la existencia de una minusvalía, bajo el argumento de que la liquidación en cuestión es radicalmente nula por haber sido practicada en base a artículos declarados nulos “ex origine” por el Tribunal Constitucional; criterio éste mantenido, entre otros, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, entre otras, en su sentencia de 6 de febrero de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, entre otras, en su sentencia de 19 de julio de 2017 y más recientemente en su sentencia  de  21  de  marzo de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña,  entre  otras,  en   su   sentencia  de  12  de  marzo  de   2018,   la   Sala  de  lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, sede Burgos, de 22 de septiembre de 2017, y más recientemente en su sentencia de fecha 26 de marzo de 2018, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, entre otras, en su sentencia de fecha 14 de julio de 2017, por lo que habrá que esperar a las resoluciones judiciales que estos Tribunales vayan dictando en adelante.

En todo caso, de acatarse por la Administración el criterio fijado por el Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 9, 17 y 18 de julio de 2018, deberá resolver favorablemente todas y cada una de las solicitudes de rectificación de autoliquidación presentadas o los recursos de reposición interpuestos contra las liquidaciones practicadas por el concepto del IIVTNU, a las que se haya acompañado por el contribuyente copia de las escrituras de adquisición y transmisión de los terrenos o incluso tasaciones acreditativas de la inexistencia de plusvalía, a no ser que pruebe la existencia de incremento de valor.


Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados, S.L.
Departamento jurídico

viernes, 27 de abril de 2018

LA DURACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS


No hay duda que la duración de un contrato es uno de sus elementos esenciales y en el caso del contrato de arrendamiento de viviendas sometidas a la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) la duración se regula por lo establecido en la propia Ley.

La duración del contrato se regula en el artículo 9 de la LAU y que, tras las importantes modificaciones acaecidas por la Ley 4/2013, los contratos posteriores al 06 de junio de 2013 en que entró en vigor, se rigen por las siguientes normas:

1.- El plazo del contrato será el que libremente pacten las partes. En cualquier caso, la LAU establece un plazo mínimo de tres años en interés del arrendatario, por lo que podrá obtener prórrogas anuales hasta completar esos tres años iniciales en caso de que el plazo pactado sea inferior.

2.- Los contratos que no prevean el plazo de duración expresamente, se entenderán celebrados por un año que, como hemos visto, podrán ser objeto de prórroga a voluntad del arrendatario hasta un máximo de tres años.

3.- Una vez completados los tres años iniciales, o al vencimiento de las prórrogas pactadas hasta completar esos tres años iniciales, el contrato se entenderá prorrogado por un año salvo que alguna de las partes haya notificado a la otra con una antelación de, cuando menos treinta días, su voluntad de no renovarlo. Por ello, y dado el breve plazo del preaviso, en la práctica resulta aconsejable efectuar el preaviso con una mayor antelación para facilitar que cada una de las partes pueda organizarse convenientemente: el arrendador pueda buscar un nuevo arrendatario o, en su caso, el arrendatario una nueva vivienda.

4.- Agotado el periodo del contrato y las prórrogas pactadas, así como la prórroga anual a que nos referimos en el párrafo anterior, si ninguna de las partes ha manifestado su voluntad de dejar sin efecto el contrato, éste pasará a estar en la situación denominada de tácita reconducción regulada en el art. 1581 del Código Civil, en cuya virtud el contrato se entenderá que tiene una duración por años cuando se ha fijado una renta anual, por meses cuando se ha fijado una renta mensual o por días cuando es diario.

5.- El arrendador no puede dejar sin efecto el contrato antes del cumplimiento de los tres años iniciales, salvo que concurra necesidad por parte del arrendador antes de que finalice dicho periodo pudiendo oponerse a la prórroga obligatoria. En la normativa actual no es preciso que se haga constar esta causa de necesidad en el contrato, a diferencia de la regulación anterior. La situación de necesidad puede concurrir en el propio arrendador o cualquier familiar en primer grado de consanguinidad o adopción, así como el cónyuge en los casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. No obstante, la propia norma impide que el arrendador pueda invocar esta causa de necesidad durante el primer año, deberá oponerse con una antelación de dos meses y, una vez obtenida la posesión de la vivienda, a ocuparla en los tres meses siguientes. Esta falta de ocupación efectiva puede acarrear la consecuencia de que el arrendatario pueda optar en el plazo de treinta días por ocupar de nuevo la vivienda en las mismas condiciones anteriores y con derecho a reclamar los gastos que le hubiera ocasionado el desalojo, o bien en reclamar una indemnización al arrendador equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres.

6.- El arrendatario podrá desistir del contrato una vez que hayan transcurrido al menos seis meses de vigencia y siempre que lo preavise con una antelación de treinta días.

Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados, S.L.                      
Departamento jurídico

lunes, 19 de febrero de 2018

LAS ARRAS EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA EN LA LEGISLACIÓN CATALANA


El pasado 1 de enero de 2.018 entró en vigor la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y contratos, que establece una serie de novedades en materia de obligaciones y contratos, especialmente en el contrato de compraventa y otros contratos traslativos de dominio.

Una de las novedades que introduce es en materia de arras en las operaciones de compraventa, en la que inspirándose en la tradición, distingue de forma nítida entre lo que son arras penitenciales y las arras confirmatorias, sin dar lugar a interpretación de cuál es su naturaleza. A tal efecto, se señala que la entrega de arras en el contrato de compraventa se entiende que se hace en calidad de arras confirmatorias si no se dice nada y solo tendrán el carácter de arras penitenciales si ello se pacta expresamente en el contrato.

Ello no es una cuestión baladí, por cuanto los efectos entre una clase y otra de arras son muy distintos. Así mientras la figura de las arras penitenciales regulada en el artículo 1.454 del Código Civil común,  que son posiblemente las más utilizadas en la mayoría de operaciones de compra de inmuebles,  permite a las partes desligarse del contrato mediante la pérdida de las arras para el comprador o la restitución dobladas para el vendedor que las recibió y no es necesario probar daños, la figura de las arras confirmatorias, regulada en el artículo 1.124 del Código civil común, opera como un anticipo de precio y por tanto como expresión de la fuerza vinculante del contrato, no facultando a las partes para resolver la obligación contraída, por lo que en caso de incumplimiento no se genera la perdida automática de las mismas o la obligación de devolverlas duplicadas, sino que la parte perjudicada podrá escoger entre exigir el cumplimiento del contrato o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, daños que deberá probar (salvo que se acordaran la modalidad de arras penales en cuyo caso la indemnización acordada sustituiría a los daños perjuicios).

Por tanto, dependiendo de la voluntad de las partes al formalizar una entrega de arras en un contrato de compraventa, es esencial especificar la naturaleza de las mismas a fin de que no se produzcan efectos no deseados.

Asimismo se establece como novedad que si en el propio contrato de compraventa se prevé la financiación a crédito del comprador, éste puede desistir de la compra si no se ha pactado nada en contra y si acredita la negativa de la entidad financiera a conceder el crédito por causa que no sea por mera negligencia del comprador.

Finalmente destacar que en las compraventas con arras penitenciales por periodo inferior de seis meses, se podrá depositar su importe en la Notaría y hacerse constar en el Registro de la Propiedad y, en este caso, el inmueble queda afecto a su devolución, constituyendo una garantía novedosa para el comprador.

Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados, S.L.
Departamento jurídico