El
artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital establece la obligación de los
Administradores de asistir a las Juntas generales, pero, sin embargo, no regula
las consecuencias de su inasistencia.
La
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de abril de 2016
se ha pronunciado sobre este extremo.
El
Alto Tribunal establece en su resolución que “Dicho deber [de los Administradores de asistir a las Juntas] encuentra su justificación en que en la
junta se desarrollan funciones esenciales para el correcto desenvolvimiento de
la sociedad. En primer lugar, la función controladora o fiscalizadora que tiene
la junta general respecto del propio órgano de administración (art. 160 y 164
LSC), que difícilmente puede tener lugar si los administradores están ausentes.
En segundo lugar, es en la junta general donde puede ejercitarse una de las
facetas del derecho de información de los socios (art. 196.1 LSC, para la
sociedad limitada, y 197.2, para la anónima), cuya cumplimentación corresponde
a los administradores (art. 196.2 y 197.2 LSC); por lo que su inasistencia
puede imposibilitar de facto el ejercicio del derecho de información en dicho
acto”.
Ahora
bien, reconoce a continuación que el artículo 180 LSC no establece ninguna
consecuencia por tal incumplimiento e incluso se refiere a lo dispuesto en el
artículo 191 de la misma Ley, relativo a la mesa de la Junta, el cual prevé
que, a falta de presencia del Presidente y del Secretario del Consejo de
Administración a la Junta general, serán Presidente y Secretario de la Junta
quienes designen los socios.
Según
palabras del propio Tribunal, “El que la
Ley no prevea expresamente y en todo caso la sanción de nulidad de la Junta por
inasistencia del órgano de administración tiene su fundamento en que, de
haberlo hecho así, podría dar lugar a la imposibilidad de celebración de juntas
generales por la sola voluntad de una o varias personas [los administradores],
que mediante el simple expediente de no acudir a las juntas, paralizarían la
sociedad. Sin que frente a dicha parálisis provocada de propósito hubiera
remedio, puesto que aún en el caso de convocatoria judicial de la junta
(actualmente, por el letrado de la administración de justicia o por el
registrador mercantil), también podrían dejar de asistir los administradores,
abocando a la sociedad a una situación sin salida. Dado que ello, además,
impediría el ejercicio de la facultad de cese de los administradores ad nutum,
que prevé el art. 223 LSC, ya que bastaría con que los administradores no
asistieran para que no fuera posible cesarlos”.
El
Tribunal Supremo concluye que la ausencia de los Administradores no puede ser
considerada como causa de suspensión o nulidad de la Junta General, por los
motivos antes expuestos, sin perjuicio de la responsabilidad en que los
Administradores puedan incurrir conforme al artículo 236 LSC por infracción del
deber legal impuesto en el artículo 180 de la misma Ley, y de la posibilidad
que tienen los socios que representen la cuarta parte del capital presente en
la Junta de pedir la prórroga de la sesiones de la Junta conforme lo
establecido en el art. 195 LSC, para lograr la asistencia de los Administradores.
No
obstante, el Alto Tribunal matiza esta regla general, en el sentido que habrá
casos en los que la no asistencia de los Administradores a la Junta podrá ser
decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios, por lo que
establece que “habrá que ponderar según
cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede
justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera
celebrado en su ausencia”.
Precisamente,
éste sería el caso del supuesto resuelto por el Tribunal Supremo en dicha
sentencia. El Tribunal considera que en el caso objeto del recurso la inasistencia
de los Administradores debe tener como consecuencia la nulidad de la Junta para
no dejar indefensos a los socios minoritarios, pues el orden del día incluía
como asunto a tratar la delegación en el Consejero Delegado para la suscripción
de operaciones crediticias y novaciones de préstamos y, en su caso, negociación
para liberación a los socios de avales personales en préstamos, y, a juicio del
Tribunal, dicho punto del orden del día debía estar complementado con un
derecho para los socios y un deber para los Administradores de información
reforzado, a fin de explicar adecuadamente las necesidades, características y
consecuencias de tales operaciones.
En
base a ello, debemos concluir que, como regla general, la ausencia de los
Administradores a la Junta no conllevará la suspensión o nulidad de la misma,
pero en aquellos supuestos en los que los derechos de los socios puedan verse
afectados y, en particular, su derecho de información, se hará necesaria la
presencia de los Administradores en la Junta, precisamente para evitar la
suspensión o nulidad de ésta.
Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados,
S.L.
Departamento jurídico
