De
todos es sabido que, como consecuencia de la crisis económica, el valor de los bienes
inmuebles ha bajado y muchos son los que se han visto obligados a transmitir
sus inmuebles por un valor muy inferior al de su adquisición.
Pese
a ello, las Administraciones Locales siguen liquidando el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –que grava la obtención del incremento de valor
experimentado por los terrenos de naturaleza urbana que se ponga de manifiesto
como consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre dichos terrenos- en base a un incremento de valor no real,
derivado de la aplicación de las reglas establecidas en el artículo 107 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) para
calcular la base imponible del Impuesto, y sin examinar previamente si ha
habido un incremento real del valor del suelo.
Afortunadamente,
algunos Tribunales, conocedores de esta realidad, han establecido el criterio
de que para poder exigir el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana resulta indispensable que los terrenos hayan
experimentado un incremento de valor en términos reales.
En
este sentido se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otras, en sus sentencias de
fecha 21 de marzo de 2012, 22 de mayo de 2012 y 18 de julio de 2013, en las que
ha establecido lo siguiente: “el impuesto
grava según el art. 104.1 LHL el incremento de valor que experimenten los
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o
transmisión de cualquiera de los derechos reales que cita la norma. Por tanto,
el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana
constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la
hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello
pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107
LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir
la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del
valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de
la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni
debe resolverse a favor del “método de cálculo” y en detrimento de la realidad
económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y
capacidad económica”.
En base
a dichas consideraciones, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha
concluido que:
1º)
Cuando se acredite y pruebe en el caso concreto que no ha existido, en términos
económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho
fijado por la ley para configurar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana y éste no podrá exigirse, por más que la
aplicación de las reglas del art. 107 TRLHL siempre produzca la existencia de
teóricos incrementos.
2º)
La base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos,
el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas
del art. 107 TRLHL, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior.
No
obstante lo anterior, la Dirección General de Tributos (DGT) en su consulta núm.
V0153-14, de 23 de enero de 2014, continúa insistiendo en la obligación de
calcular el Impuesto según el método de cálculo establecido por el art. 107
TRLHL, aunque el bien inmueble se haya transmitido por un precio inferior al de
adquisición, y ello porque “el fundamento
de este impuesto no es tanto gravar el incremento “real” provocado por el
titular del terreno por diferencia entre unos precios de venta y compra, sino
que se trata de gravar el incremento de valor del terreno como consecuencia de
la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra”.
Sin
embargo, parece olvidar la DGT que, de aplicar las normas establecidas en el
artículo 107 TRLHL sin examinar previamente si ha habido un incremento real del
valor del terreno, estaríamos gravando el mero hecho de la transmisión del
terreno y no la plusvalía, que es lo que realmente grava el Impuesto en
cuestión.
Ante
ello, aconsejamos autoliquidar e ingresar el Impuesto y posteriormente
solicitar la rectificación de la autoliquidación y la consiguiente devolución
de ingresos indebidos. En aquellos casos en que no esté establecida la
autoliquidación del Impuesto, recomendamos proceder a presentar la declaración
del Impuesto ante la Administración municipal y, una vez ésta practique la
liquidación, presentar recurso contra la misma, solicitando su anulación y la
devolución de lo indebidamente ingresado. De desestimar la Administración
nuestras pretensiones, siempre podremos acudir ante los Tribunales de justicia
en defensa de nuestros derechos.
Cortés &
Pérez Auditores y Asesores Asociados, S.L.
Departamento
jurídico
